*El coordinador parlamentario destacó que la seguridad no es un privilegio, sino un derecho del pueblo.
Morelia, Michoacán.-El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza, manifestó su total respaldo a la reforma constitucional en Materia de Extorsión, que fue enviada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y que busca establecer los tipos penales y sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, con el fin de combatir este delito que lacera a nuestra sociedad.
Así lo dijo durante la sesión de este viernes el líder de la bancada del PT, quien al tomar la palabra en tribuna expresó la postura a nombre del Grupo Parlamentario que representa, para avalar esta reforma que ahora facultará el Congreso de la Unión para que expida una Ley General en Materia de Extorsión.
“Esta iniciativa de reforma constitucional responde a una de las demandas más sentidas del pueblo de México: vivir sin miedo y vivir con dignidad; la extorsión se ha convertido en uno de los delitos más lacerantes para la sociedad mexicana, no decimos esto de manera abstracta, sino que lo dicen las cifras y luego se confirma en la vida cotidiana de millones de familias”, expresó.
Y agregó que, “detrás de toda estadística, hay rostros humanos, familias enteras, rostros concretos, comerciantes que tienen que pagar esas famosas cuotas para poder abrir sus negocios, transportistas amenazados todos los días, mujeres y hombres que reciben llamadas intimidatorias, comunidades que han visto frenado su desarrollo porque la delincuencia está apoderada de sus territorios, pero no solo hablamos de la violencia y del miedo que ejerce la extorsión , también hay que hablar del impacto económico brutal que la comisión de este delito significa”.
En ese contexto, Reyes Galindo refirió que según datos oficiales a nuestro país este delito le cuesta más de 26 mil millones de pesos cada año, es decir 71 millones de pesos diarios que alimentan a redes criminales y que señaló, deberían estar circulando en torno a educación, salud, bienestar, desarrollo, a servicios; por cada víctima el costo promedio asciende a 6 mil 933 pesos, para cada empresa la afectación es mayor a los 54 mil pesos al año, y en las medianas empresas supera los 500 mil pesos.
“Compañeras y compañeros el tema que hoy debatimos no se trata de un asunto aislado, sino de un sistema delictivo que se ha convertido en este impuesto criminal que paraliza la economía, debilita el tejido social y golpea sobre todo a quienes menos tienen; ante esta realidad el Gobierno de México que encabeza Claudia Sheinbaum hoy muestra fortaleza y hace un llamado a la unidad en nuestra como entidad federativa, para poder reaccionar ante estos resultados que provocan la extorsión. Es indispensable que el Congreso Federal tenga este marco normativo que le permita expedir esta ley general que unifique criterios, sanciones y procedimientos en todo el territorio nacional”, acotó.
El congresista refirió que aunque en el estado de Michoacán se ha dado un paso adelante, al reconocer al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla como impulsor para aprobar esta reforma en materia de extorsión con la modificación al 73 Constitucional Federal, es necesario fortalecer la coordinación entre los gobiernos estatales para afianzar la estrategia de seguridad nacional que ha empujado la presidenta de la República contra este delito.
“Desde el PT, entendemos que la seguridad no es, ni puede, ni debe ser un privilegio, es un derecho del pueblo, por eso votar a favor de esta reforma para nosotros es un compromiso con la historia y con el pueblo de México y Michoacán. Reiteramos que el estado debe estar del lado del pueblo y no de la delincuencia, por eso nuestro voto es a favor y es una respuesta a ese mandato popular que nos ha dado la gente, porque primero están ellos, su vida digna y siempre primero estará la lucha por un Michoacán cada vez más justo, cada vez más libre y un Michoacán que no tenga miedo”, concluyó Reyes Galindo.
