Morelia, Michoacán.- El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXXVI Legislatura Local respalda la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extorsión, al considerar que este delito se ha convertido en un cáncer que es urgente erradicar desde el marco normativo, estableciendo penas más severas para quienes lo cometen, subrayó la diputada Adriana Campos Huirache durante la sesión celebrada este día.
El tema de la seguridad debe unir y convocar a todas y todos los actores políticos en una misma dirección, ya que la extorsión es uno de los delitos más frecuentes en el país, particularmente en Michoacán, afectando a familias, comerciantes, empresarios y ciudadanos en general, sin distinción de clase social o ubicación geográfica, recalcó la diputada local.
“Es lastimoso aceptar que en nuestro estado el cobro de piso, las llamadas telefónicas, los secuestros o las desapariciones forzadas forman parte de la realidad cotidiana. No podemos permitir que se normalicen estas prácticas que no solo dañan el patrimonio de las familias, sino que también vulneran la paz social y la integridad de las personas”, puntualizó la líder de la bancada del PRI en el Congreso del Estado.
Este es un tema prioritario en la agenda legislativa del PRI y que afecta a la ciudadanía sin distinción. “La extorsión es un cáncer que lacera la vida de comerciantes, empresarios, trabajadores y familias enteras en todo el país, particularmente en Michoacán. Es urgente erradicar estas prácticas desde el marco normativo”, señaló.
La legisladora destacó que la extorsión es uno de los delitos más democráticos en el peor sentido del término, pues no distingue estrato social, ubicación geográfica o actividad económica. “Se amenaza en Tierra Caliente, en la Meseta Purépecha, en la capital o en la costa. No podemos permitir que se normalice el cobro de piso, las llamadas de amenaza o las desapariciones forzadas; esto daña el patrimonio de las familias y vulnera la paz social».
Adriana Campos reconoció que el endurecimiento de las sanciones es solo el primer paso. “El siguiente reto es garantizar que quienes procuran e imparten justicia hagan su trabajo para que esta reforma no se quede en letra muerta”.
Asimismo, resaltó que el PRI vota a favor de esta reforma por tratarse de un asunto que fortalece el estado de derecho y busca devolver la tranquilidad a las y los mexicanos. “Como oposición sabemos coincidir con las propuestas que benefician a la población; esta reforma abona a la coordinación institucional y a la protección de las víctimas”.
Finalmente, la legisladora reiteró la necesidad de contar con una Ley General que regule y tipifique la extorsión en todo el país. “Aprobamos esta reforma convencidos de que la paz y la seguridad son un derecho de todas y todos, y a ello estamos obligados quienes ejercemos un cargo público”, concluyó.
