
Las diputadas integrantes del Segundo Parlamento de Mujeres del Congreso del Estado aprobaron una propuesta para reformar el Código Familiar de Michoacán y garantizar que las pensiones alimenticias sean descontadas directamente del salario bruto del deudor, fortaleciendo así la protección a niñas, niños y adolescentes.
La propuesta fue presentada por Jhoana Teresa Ponce de León Velasco y dictaminada por la Comisión de Justicia, presidida por Marisa Karena Espinoza Ayala. Las reformas, que modifican los artículos 464 y 471 del Código Familiar, establecen que al admitir una demanda de pensión, el juez deberá notificar a la fuente laboral del deudor para que realice el descuento correspondiente sobre el total de sus ingresos reales.
Con ello, se reconoce que la base salarial para el cálculo de la pensión incluye todos los ingresos que percibe el trabajador y no solo el salario neto, como sucedía anteriormente.
Esta medida se complementa con el Decreto 165 aprobado el pasado 8 de marzo por la 76 Legislatura, el cual contiene diversas disposiciones sobre deudores alimentarios, y busca consolidar un marco legal más eficaz para proteger el bienestar de las y los menores en Michoacán.