*La preocupante realidad obliga a abordar el tema con urgencia y responsabilidad, afirmó el legislador
Morelia, Michoacán.- El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes es una realidad dolorosa que se debe combatir, al ser una de las violaciones mas graves y dolorosas a los derechos de las infancias, estableció el diputado Antonio Carreño Sosa.
Ante ello, el legislador por Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto para reformar el Código Penal, en materia de reclutamiento forzado, en la modalidad de corrupción de menores.
En tribuna, Antonio Carreño reprobó que a las infancias se les arrebata la posibilidad de crecer, estudiar, jugar y tener un proyecto de vida. Les quita lo más valioso: su futuro.
Si bien, reconoció, el problema no es nuevo, en los últimos años se ha agudizado. Organismos como la Red por los Derechos de la Infancia en México y UNICEF han señalado que miles de menores han sido reclutados en el país.
Los cárteles aprovechan la pobreza, la falta de oportunidades y los entornos de violencia para engancharlos, ya sea mediante engaños, presiones o amenazas. Y en estados como Michoacán, esta realidad se vive con mayor intensidad en regiones donde la presencia criminal ha fragmentado la vida comunitaria, indicó.
“Quiero decirlo de manera simple y contundente: ningún menor se incorpora por voluntad propia a un grupo delictivo. No existe en ellos un consentimiento válido. Son víctimas, no delincuentes. Y el Estado tiene la obligación de protegerlos siempre”.
Por lo anterior, Toño Carreño dejó en claro que esta iniciativa se construye sobre una idea central: reconocer el reclutamiento forzado como una forma agravada de corrupción de menores.
Al existir otras propuestas en la materia, dijo, es fundamental darle celeridad a los dictámenes para las reformas correspondientes y que quienes reclutan o permiten que se haga, reciban las sanciones correspondientes y más importante, coadyuvar a erradicar esta lamentable práctica.
La iniciativa propone reformar los artículos 156 y 157 del Código Penal del Estado, para establecer con claridad que toda persona que reclute, adiestre, utilice o involucre a menores en actividades ilícitas comete una forma extrema de corrupción de menores y debe ser sancionada con mayor severidad. Además plantea la creación del artículo 156 Bis, que sanciona a quienes facilitan el reclutamiento de manera indirecta, como el traslado, resguardo, logística o entrega del menor.
Finalmente, Toño Carreño calificó de esencial esta reforma porque muchas veces la cadena delictiva no comienza con el reclutador directo, sino con intermediarios que hasta hoy quedaban fuera de la ley. “Esta iniciativa no solo atiende un problema de seguridad, sino un problema humano. Es un paso firme para proteger a quienes más lo necesitan”.
