En toda competencia interna hay críticas legítimas, diferencias de proyecto y señalamientos que deben responderse. Lo preocupante comienza cuando esa discusión se desplaza de los hechos a la descontextualización, de la discrepancia abierta a las páginas anónimas y del contraste político al intento de convertir a un compañero en enemigo. Eso es lo que empieza a observarse en el proceso de Morena en Michoacán.
Carlos Torres Piña ha sido cuestionado desde varios frentes. Raúl Morón presentó quejas contra distintos aspirantes, entre ellos Torres Piña, por presuntas irregularidades relacionadas con el proceso interno. Esa es una disputa identificable y planteada por las vías partidistas; deberá resolverse con documentos, reglas y derecho de audiencia. No toda denuncia constituye guerra sucia ni debe descalificarse por provenir de un competidor.
Otra cosa es la campaña digital que ha recuperado materiales antiguos para presentarlos como si describieran íntegramente la posición actual de Torres Piña. El ejemplo más visible es un video de 2017, cuando todavía militaba en el PRD y criticó la propuesta de amnistía planteada entonces por Andrés Manuel López Obrador. El propio Torres Piña ha sostenido que esos fragmentos son reactivados cada vez que participa en una contienda y que su difusión elimina el contexto político en el que fueron pronunciados.
Su trayectoria partidista puede discutirse. Lo que no resulta intelectualmente honesto es congelarla en una declaración de hace nueve años e ignorar todo lo ocurrido después: su incorporación a Morena, su responsabilidad como secretario de Gobierno, su paso por la Fiscalía y el costo político de defender a la transformación precisamente en el terreno donde la oposición concentra sus ataques, el de la seguridad.
También se ha intentado utilizar su licencia de la Fiscalía para construir dos acusaciones contradictorias: por un lado, que abandonó su responsabilidad; por otro, que estaría utilizando el cargo para competir. Los hechos disponibles señalan que solicitó separarse temporalmente antes de iniciar el proceso y que el Congreso local aprobó la licencia por 45 días con 32 votos a favor, efectiva desde el 22 de junio. Es decir, no se escondió detrás de la institución: dejó el cargo formalmente para participar.
¿Por qué se intensifica la ofensiva? Una explicación razonable está en las mediciones. TResearch colocó a Torres Piña con 27.5 por ciento de las preferencias internas, 7.4 puntos por encima del segundo lugar. El Financiero también lo ubicó al frente de los aspirantes de Morena en su estudio de julio, aunque con una competencia todavía abierta y un margen de error que obliga a evitar triunfalismos. El Universal, además, lo situó arriba en atributos como cercanía y conocimiento del estado.
Cuando un perfil comienza a aparecer sistemáticamente en posiciones competitivas, recibe escrutinio. Es normal y saludable. Pero el escrutinio pregunta, investiga y firma. La guerra sucia recorta videos, esconde a sus operadores, repite versiones sin pruebas y apuesta a que la acumulación sustituya a la evidencia.
Frente a ello, Torres Piña ha decidido no contestar golpe por golpe. No porque carezca de argumentos, sino porque entiende que Morena necesitará a todas sus expresiones después de la definición. Sus competidores seguirán siendo compañeros y sus estructuras serán necesarias para organizar, movilizar y defender el voto en 2027.
La unidad no significa guardar silencio ante una mentira. Significa responder con contexto, documentos y resultados, sin destruir el puente con quienes mañana deberán sentarse en la misma mesa. La forma en que un aspirante actúa bajo presión revela tanto como una encuesta: muestra si busca imponerse sobre los demás o si tiene la serenidad necesaria para volver a reunirlos.
En Michoacán, donde ningún liderazgo puede gobernar solo, esa diferencia importa.
