La 76 Legislatura del Congreso del Estado instaló una mesa de trabajo en coordinación con la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), con el propósito de fortalecer los mecanismos de protección de los derechos humanos de las víctimas de desplazamiento forzado.
Durante el evento, el diputado Juan Antonio Magaña de la Mora, presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, destacó la importancia de legislar en favor de quienes deben abandonar sus hogares para proteger a sus familias. La diputada Fabiola Alanís Sámano, presidenta de la Junta de Coordinación Política, subrayó que este tipo de acciones permitirán identificar y reforzar los aspectos legislativos en beneficio de las y los michoacanos afectados.
A la reunión asistieron los diputados Reyes Galindo, Jaqueline Avilés Osorio, Xóchitl Ruíz y Sandra Arreola Martínez, quienes dieron la bienvenida a Daniel Macguire, oficial senior de protección de ACNUR, y a Miriam Heredia Zertuche, jefa de la oficina de ACNUR en Michoacán.
Macguire enfatizó que la legislación debe responder a las necesidades reales de la población y contar con un presupuesto progresivo y flexible. Por su parte, Heredia Zertuche explicó que la mesa de trabajo definirá las rutas a seguir para atender a las víctimas de desplazamiento, señalando que el financiamiento es un reto, pero pueden buscarse alternativas para optimizar los recursos.
La diputada Xóchitl Ruíz, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, lamentó que en municipios como Coalcomán, Apatzingán y Aguililla, el desplazamiento forzado ha dejado comunidades prácticamente vacías, destacando la necesidad de coordinar esfuerzos entre el Congreso y ACNUR.
Por su parte, la diputada Jaqueline Avilés Osorio, presidenta de la Comisión de Migración, afirmó que el desplazamiento forzado, ya sea por razones de seguridad, desastres naturales u otros factores, requiere acciones concretas y urgentes desde el Congreso, reiterando su compromiso para contribuir a estos trabajos.
Con esta mesa de trabajo, Michoacán podría convertirse en el quinto estado del país en contar con legislación especializada en materia de desplazamiento interno, lo que representaría un paso importante en la protección de los derechos de las personas afectadas por este fenómeno.
