*La reforma al Código Penal y a la Ley Orgánica Municipal “marca un antes y un después en la protección de los derechos de las personas mayores”, remarca el legislador.
Morelia, Michoacán. — “Es un paso decisivo hacia la justicia social, la aprobación por unanimidad de la reforma legal que convierte en delito grave el uso indebido de las pensiones del Bienestar”, remarcó el diputado Hugo Rangel Vargas, impulsor de la reforma.
Esta reforma que avaló el pleno del Congreso del Estado también fue respaldada por la diputada Anabet Franco Carrizales (MORENA), y establece penas de cárcel para quienes, aprovechando una relación de confianza, dispongan de los recursos de personas adultas mayores o con discapacidad sin su consentimiento.
Las sanciones incluyen entre 6 y 11 años de prisión, multas de hasta 100 UMAs y la obligación de reparar el daño. La reforma también obliga a los municipios a proporcionar asesoría jurídica gratuita y acompañamiento legal a las víctimas de este tipo de violencia económica, mediante una modificación a la Ley Orgánica Municipal.
“La vejez no puede seguir siendo un terreno fértil para el abuso. Lo que hoy aprobamos es una línea clara entre el derecho y la impunidad”, declaró Hugo Rangel, quien además recordó que durante su paso por la Secretaría del Bienestar, documentó múltiples casos en los que familiares o personas cercanas retiraban el dinero de adultos mayores con engaños o bajo presión.
“El aumento en los casos de abuso económico está respaldado por datos oficiales. Solo en Morelia, las denuncias por este delito se han triplicado en dos años. Muchas de ellas involucran el uso fraudulento de las tarjetas del Bienestar. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, este tipo de maltrato tiene consecuencias graves en la salud física y emocional de las víctimas”, explicó el legislador.
Con esta aprobación, detalló, “Michoacán se coloca a la vanguardia nacional en materia de protección legal a las personas mayores. Más de 588 mil adultos mayores reciben la pensión del Bienestar en el estado, lo que representa una inversión pública de más de 3 mil 650 millones de pesos cada bimestre”.
“Este apoyo no es un favor ni una dádiva: es un derecho constitucional. Y hoy, ese derecho se defiende con todo el peso de la ley”, subrayó el legislador petista.
