Morelia, Michoacán, 07 de mayo de 2026.- Por unanimidad, las y los integrantes de la 76 Legislatura acordaron enviar al Congreso de la Unión, la iniciativa mediante la cual se propone reformar el artículo 21 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de Víctimas de estos Delitos.
La propuesta presentada por la diputada Adriana Campos Huirache y dictaminada por la Comisión de Puntos Constitucionales, tiene el objetivo tipificar aquellas situaciones donde el aprovechamiento del trabajo ajeno no es producto de un acuerdo libre, sino del ejercicio de coacción moral, engaño o violencia.
En particular lo que proponen las y los integrantes de la Septuagésima Sexta Legislatura a sus homólogos a nivel federal, es que se especifique que la explotación laboral es también cuando mediante dolo, mala fe o la violencia física, psicológica o moral, y así estas acciones sean sancionadas con pena de 3 a 10 años de prisión, y de 5 mil a 50 mil días multa.
Lo anterior, permitirá que el Estado intervenga no solo desde una perspectiva administrativa y laboral, sino bajo un régimen de protección de derechos humanos, garantizando que cualquier beneficio económico obtenido mediante la anulación de la voluntad del trabajador sea castigado como una violación grave a su libertad.
Finalmente, el Pleno del Congreso del Estado señaló la importancia de integrar estos elementos, y así, no solo atender a una justicia social, sino perfeccionar el sistema de los derechos fundamentales y cerrar el paso a la impunidad en las relaciones asimétricas.
“Al reconocer que el dolo, la mala fe y la violencia son mecanismos de anulación de la libertad, se garantiza que el trabajo sea siempre una vía de realización personal y nunca un espacio de degradación y sometimiento”, concluyeron las y los legisladores en el decreto aprobado.
