Diputada federal, especialista contable y representante de derechos humanos analizaron en LA ENTREVISTA CON FRISHITO los beneficios, costos y desafíos de la transición hacia los pagos electrónicos.
Por: @Frishito / @Ciudadlocura
Lázaro Cárdenas, Michoacán.— La propuesta de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos generó un intercambio de argumentos sobre modernización financiera, combate a operaciones ilícitas, acceso a la tecnología y posibles afectaciones para consumidores y empresas, durante el programa LA ENTREVISTA CON FRISHITO, transmitido por CIUDADLOCURA.COM.MX.
El encuentro, conducido por Carlos Nuño “Frishito”, contó con la participación de la diputada federal Rosalinda Zavala; Fernando González, CEO, Grupo GONPI especialista en materia contable y empresarial; y Guillermo Hernández, representante del ámbito de derechos humanos en Lázaro Cárdenas.
Durante el diálogo, los participantes analizaron las disposiciones que permitirían establecer pagos digitales y electrónicos en determinados establecimientos, así como las condiciones necesarias para su aplicación.
Modernización y combate a operaciones ilícitas
La diputada Rosalinda Zavala defendió la reforma como una medida orientada a modernizar las operaciones económicas y fortalecer los mecanismos de control sobre determinadas transacciones.
Explicó que uno de sus principales objetivos es combatir el llamado huachicol fiscal y las operaciones que pueden facilitar actos de corrupción.
Señaló que la digitalización permitiría mejorar el registro de las transacciones comerciales, la trazabilidad financiera y la fiscalización.
Asimismo, sostuvo que la aplicación de estas medidas no estaría dirigida inicialmente a pequeños establecimientos, sino a sectores que serían determinados por las autoridades hacendarias.
El desafío de las comunidades sin servicios financieros
Fernando González planteó que la transición podría encontrar dificultades en regiones donde no existen suficientes bancos, conectividad o acceso a herramientas digitales.
Como ejemplo, expuso el caso de productores ganaderos de Arteaga que realizan operaciones en efectivo porque algunos de sus proveedores no cuentan con servicios bancarios cercanos.
Advirtió que una disposición dirigida a determinadas empresas también podría repercutir en sus clientes, particularmente cuando estos dependen del efectivo para adquirir combustibles y otros suministros.
Derechos humanos y acceso a la tecnología
Guillermo Hernández reconoció la importancia de avanzar hacia la modernización, pero consideró indispensable garantizar el acceso a los medios digitales antes de establecer obligaciones que puedan afectar a determinados sectores de la población.
También cuestionó que la selección de los establecimientos sujetos a estas disposiciones quede en manos de una autoridad administrativa, en lugar de encontrarse expresamente definida en la legislación.
¿Desaparecerá el efectivo?
Uno de los asuntos centrales fue la posibilidad de continuar realizando pagos en efectivo.
La diputada Zavala explicó que, conforme a las disposiciones que expuso durante el programa, se contempla permitir el efectivo o el cheque cuando exista una contingencia que imposibilite utilizar los medios digitales.
Sin embargo, Fernando González y Guillermo Hernández señalaron que será necesario precisar cómo funcionarán las excepciones, especialmente para personas que no tienen cuentas bancarias o que viven en comunidades con infraestructura limitada.
Costos para empresas y consumidores
Los participantes también abordaron las comisiones bancarias, los gastos de implementación tecnológica y las nuevas responsabilidades administrativas.
González advirtió que las empresas podrían requerir mayores servicios de contabilidad y asesoría fiscal, mientras que Hernández expresó su preocupación por la posibilidad de que esos gastos terminen trasladándose al consumidor.
Durante el programa se planteó la necesidad de revisar los mecanismos de aplicación y establecer condiciones que permitan una transición accesible.
El debate concluyó con la importancia de mantener el análisis público de la reforma, particularmente sobre los sectores a los que se aplicaría, la protección de los usuarios y las condiciones reales de acceso a los sistemas de pago.
El programa permitió presentar distintas perspectivas sobre una transformación económica que, de acuerdo con los participantes, requiere reglas claras para conciliar modernización, fiscalización y derechos de la ciudadanía.
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