- La propuesta reforma el Código Penal de Michoacán para ampliar el reconocimiento de los crímenes motivados por odio, rechazo, discriminación o violencia estructural; incorporar perspectiva de derechos humanos y establecer penas de hasta 60 años de prisión.
Morelia, Michoacán, a 7 de mayo de 2026.- Con el objetivo de fortalecer el acceso a la justicia para grupos históricamente discriminados y combatir la impunidad en los crímenes motivados por odio y discriminación, el diputado local del Partido del Trabajo, Hugo Rangel, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa de reforma al Código Penal de Michoacán para redefinir y robustecer el delito de homicidio por prejuicio.
La propuesta incorpora elementos como violencia estructural, perspectiva de diversidad sexual y criterios específicos para la acreditación del delito.
Durante su intervención en tribuna, el legislador señaló que la legislación vigente resulta insuficiente para atender la complejidad de las violencias ejercidas contra personas de la diversidad sexual, pueblos indígenas, personas afrodescendientes y otros sectores históricamente vulnerados. “La falta de precisión técnica termina invisibilizando estas violencias y diluyéndolas en la categoría de homicidios comunes.
El Estado no puede seguir siendo ciego frente a crímenes que nacen del odio y la discriminación”, sostuvo. Asimismo, enfatizó que la reforma busca reconocer que “no todas las violencias tienen el mismo origen ni el mismo impacto social”.
La iniciativa plantea que el homicidio por prejuicio sea entendido como aquel cometido por motivos de odio, rechazo, discriminación o violencia estructural derivados de características reales o percibidas de la víctima, incluyendo orientación sexual, identidad y expresión de género, origen étnico o racial, condición social, discapacidad, religión o cualquier otra condición que atente contra la dignidad humana.
Además, se establecen penas de veinte a sesenta años de prisión y multas económicas para quienes incurran en este delito. “Nombrar el prejuicio como elemento central del delito es reconocer que el derecho penal debe estar al servicio de la dignidad humana” expresó Hugo Rangel.
La propuesta también incorpora obligaciones específicas para la Fiscalía, el Poder Judicial y las instituciones de seguridad pública, quienes deberán adecuar protocolos y capacitar a su personal en materia de derechos humanos, identidad de género y violencia estructural. Particularmente, se establece una tutela reforzada para víctimas pertenecientes a la población LGBTTTIQ+, especialmente mujeres trans.
“Esta tribuna hoy se convierte en un frente de batalla para honrar la memoria de quienes fueron silenciados por el odio y la intolerancia. Michoacán ya no puede ser terreno donde el prejuicio sea una sentencia de muerte sin castigo”, concluyó el legislador petista.
