Lázaro Cárdenas, Michoacán — En respuesta a una denuncia ciudadana, integrantes del comité de la mesa directiva del conjunto habitacional Las Palmas alertaron sobre una situación que comienza a generar divisiones y molestia entre los colonos: el incumplimiento en el pago del servicio de agua potable por parte de varios vecinos morosos.
De acuerdo con los representantes del comité, encabezado por el ciudadano Raúl Orozco García, un grupo de habitantes con adeudos de hasta dos años ha provocado tensiones al negarse reiteradamente a cubrir su contribución mensual, lo cual afecta el mantenimiento de la infraestructura que garantiza el suministro de agua. Esta situación motivó la decisión, avalada por el 89% de los colonos cumplidos, de reducir la presión del flujo hacia los departamentos con pagos pendientes, como medida de control y equidad.
El conflicto escaló cuando uno de los deudores modificó de forma unilateral la tubería para revertir dicha reducción. Al detectar la alteración, el comité envió al secretario del comité y a un trabajador para restablecer la restricción, acto que derivó en una denuncia penal interpuesta por la inquilina morosa, acusando al trabajador de robo. La denuncia, sin sustento legal, no ha prosperado, pues el material manipulado forma parte del sistema común bajo responsabilidad del comité.
Pese a ello, la Fiscalía ha continuado citando a trabajadores del comité para declarar, generando desgaste y mayor inconformidad entre los vecinos cumplidos, quienes ven en esta situación una distorsión de la legalidad en perjuicio de quienes intentan mantener el orden y los servicios operativos del conjunto.
El comité recordó que el pago mensual cubre el mantenimiento de la bomba sumergible, la red de tuberías y la distribución del agua, garantizando presión y calidad adecuadas. Subrayaron la importancia de que todos los habitantes cumplan con sus obligaciones, a fin de preservar un servicio esencial para la convivencia y el bienestar común.
Finalmente, hicieron un llamado respetuoso pero firme tanto a las autoridades competentes como a los habitantes morosos, a conducirse conforme a la normativa establecida y a no entorpecer la labor comunitaria con denuncias infundadas que solo agravan la situación.
