• Como parte la política de formalidad laboral
Morelia, Michoacán.- El Gobierno de Michoacán va por la formalidad laboral y de junio a diciembre de este año realizará al menos 310 inspecciones a centros de trabajo para llegar a 500 revisiones, sumar un mayor número de registros en acreditación laboral y establecer sanciones en caso de encontrarse irregularidades, indicó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Claudio Méndez Fernández.
Destacó que el gobierno Alfredo Ramírez Bedolla impulsó la ruta para la formalización en el empleo, generando una política pública que incluye un marco jurídico sancionador con lineamientos y tabuladores, por lo que desde enero de este año la Sedeco, a través de la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social, tiene la facultad de inspeccionar y sancionar el no cumplimiento de la ley en condiciones generales de trabajo por parte del empleador, con multas que pueden ir de 5 mil a medio millón de pesos.
“Antes de que se publicará este marco normativo no había un andamiaje legal que permitirá cumplir la vigilancia. Ya se publicó el reglamento y en este año los lineamientos, los cuales nos permiten seguir el estado de derecho”, afirmó.
Méndez Fernández explicó que al último corte de mayo de 2024 la entidad contó con 486 mil 534 empleos formales, de los cuales, el 64 por ciento corresponde a actividades terciarias (comercio y servicios), el 24 por ciento a secundarias (industria, minería y construcción) y el 12 por ciento a actividades económicas primarias (agricultura y campo).
Con base a ello, refirió que se tienen programadas de junio a diciembre de este año al menos 310 inspecciones en diversos municipios en los tres sectores de la economía, mismas que estarán acompañadas de capacitación a los patrones y una campaña informativa.
Finalmente, el secretario de Desarrollo Económico apuntó que se puso a disposición de los patrones en Michoacán el mecanismo alterno de inspección que es la plataforma en línea de Acreditación Laboral, en la cual al dar de alta a tus trabajadores quedarán exentos un año de inspecciones por parte de la autoridad estatal.
