Por: Frishito / @Ciudadlocura
Morelia, Michoacán.— Más de un centenar de organismos de la sociedad civil, cámaras empresariales, universidades, colectivos comunitarios y aliados nacionales emitieron este 22 de noviembre de 2025 un comunicado conjunto dirigido a los poderes de la República y al Gobierno del Estado de Michoacán, donde exigen que el Plan Michoacán para la Paz y la Justicia priorice de manera absoluta el Eje 1: Seguridad y Justicia, ante el acelerado crecimiento de la extorsión y los recientes hechos de violencia que han sacudido al estado. 
El pronunciamiento surge a poco más de un mes del asesinato del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez, tres semanas del homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, y a 13 días de puesta en marcha del plan anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Las organizaciones recibieron el plan con esperanza, pero demandan “profundidad, participación representativa y resultados sostenibles” a largo plazo. Señalan que sin una estrategia sólida y participativa, el plan carecerá de continuidad y efectividad.
Entre sus propuestas destacan:
• Atención integral de política criminal desde los municipios.
• Fortalecimiento operativo de la Fiscalía General del Estado y del Poder Judicial.
• Reformas legislativas urgentes.
• Reprogramación estratégica del presupuesto estatal.
Además, solicitan retomar insumos ya desarrollados por la sociedad civil, como el Plan de Desarrollo Integral de Michoacán al 2040, la Agenda de Mejora Competitiva (C-Estrategia/IMCO), y las agendas ciudadanas firmadas por candidatos en el proceso electoral reciente.
Uno de los planteamientos centrales es la creación de una Mesa Estatal de Gobernanza y 13 mesas regionales, integradas exclusivamente por ciudadanos sin cargo público, sin activismo partidista ni aspiraciones electorales. Estas instancias, articuladas con los tres órdenes de gobierno, tendrían la función de dar seguimiento puntual al Plan Michoacán, exigir transparencia, prevenir corrupción y presentar indicadores verificables a la ciudadanía.
El comunicado también propone un Modelo de Seguridad para la Actividad Productiva, que incluya una unidad especializada contra delitos económicos, rutas de protección, denuncia segura y zonas económicas certificadas, con el fin de garantizar condiciones reales para operar, invertir y generar empleo.
Finalmente, los firmantes reiteran que la crisis del Estado de Derecho en Michoacán requiere no solo gobiernos eficaces, sino una sociedad civil organizada, corresponsable y propositiva. Afirman que no se puede esperar todo del gobierno y se comprometen a impulsar múltiples iniciativas orientadas a la paz, educación, salud y desarrollo integral en cada comunidad.
