Morelia, Michoacán.- Para ofrecer una respuesta humanitaria, eficiente y sensible ante la crisis de desapariciones en Michoacán, la diputada Xóchitl Ruiz González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa de reforma al Código Familiar de Michoacán en materia de declaratoria de ausencia y presunción de muerte.
La legisladora subrayó que la desaparición de personas no solo representa una tragedia humana, sino también una carga legal y emocional para miles de familias, que enfrentan procedimientos lentos, confusos y descoordinados para poder ejercer derechos básicos como acceder a bienes, herencias, pensiones, seguros o vivienda.
“En Michoacán hay miles de familias que viven en un limbo jurídico porque la ley actual las obliga a esperar años para resolver su situación. Esta reforma busca que la justicia llegue a tiempo y con empatía”, expresó la diputada Xóchitl Ruiz.
De acuerdo con cifras oficiales, a mayo de 2025 en Michoacán se registraban seis mil 829 personas desaparecidas o no localizadas, de las cuales cinco mil 736 son hombres y mil 87 mujeres. Los municipios con mayor incidencia son Morelia, Uruapan, Zamora, Apatzingán y Lázaro Cárdenas, y más de la mitad de las víctimas tienen entre 20 y 39 años de edad.
La iniciativa propone acortar los plazos y mejorar la coordinación entre instituciones para hacer más accesible y eficaz el proceso. Entre las principales modificaciones, establece que el juez deberá nombrar un representante del ausente en un plazo no mayor a 45 días y la declaratoria de ausencia podrá solicitarse tras un año desde la desaparición, o a los seis meses si existe denuncia formal o constancia de búsqueda.
La presunción de muerte podrá declararse un año después de la ausencia, o a los seis meses en casos de guerra, siniestro o desaparición derivada de un delito; y el Registro Civil deberá notificar las declaratorias a la Comisión Estatal de Búsqueda y a la Fiscalía General del Estado, garantizando coordinación y seguimiento entre las autoridades.
Xóchitl Ruiz González enfatizó que esta propuesta reduce de años a meses los plazos para acceder a derechos, brinda mayor certeza jurídica, y garantiza que los procedimientos sean más accesibles en todos los municipios, incluyendo las zonas rurales.
“Esta reforma no es solo un cambio legal, sino un acto de justicia y empatía. Reconoce el dolor de las familias michoacanas que buscan a sus seres queridos y les da herramientas para seguir adelante sin quedar abandonadas por la ley”, sostuvo la diputada del PVEM.
Finalmente, señaló que con esta medida Michoacán avanza hacia una justicia más humana y sensible, en la que el Estado cumple su deber de proteger los derechos humanos, la identidad y el patrimonio de las víctimas y sus familias.
