*La reforma al Código Penal del Estado incluye la obligación de investigar los asesinatos de mujeres con perspectiva de género
*”En Michoacán apenas 1 de cada 10 muertes violentas de mujeres se investigan como feminicidio”, señaló
Morelia, Michoacán.- El feminicidio se mantiene como uno de los retos más desafiantes y es urgente garantizar que se prevenga, se atienda y se sancione para erradicar todo tipo de impunidad en estos delitos, apuntó la diputada Fabiola Alanís Sámano, al presentar la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Michoacán en materia de feminicidio, que incluye el aumento de las penas para feminicidas.
Este jueves, ante el pleno del Congreso estatal, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena destacó la necesidad de que las fiscalías especializadas para investigar delitos de género funcionen de manera adecuada y con la capacitación suficiente para que realmente contribuyan al acceso a la justicia de las víctimas indirectas.
“Necesitamos trabajar para que no queden impunes estos delitos porque (…) una sentencia bien dada (…) conforme a derecho, más que una medida punitiva es un mensaje altamente pedagógico para decirles no pueden seguir asesinando a las niñas, a las mujeres, a las adolescentes”, puntualizó la diputada Fabiola Alanís.
Al argumentar la problemática, la también presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal refirió que en los primeros cinco meses del año ya se acumularon 276 casos de feminicidio en todo el país y en 70 de ellos, las víctimas fueron niñas y adolescentes. Respecto a Michoacán, dijo, la problemática se enfoca a la falta de investigación de los asesinatos de mujeres con el protocolo de feminicidio, pues apenas uno de cada 10 casos se investiga como feminicidio.
Cabe destacar que la iniciativa presentada por la diputada Fabiola Alanís para reformar el Código Penal michoacano consiste en tres puntos fundamentales: primero, tipificar al feminicidio como un delito autónomo y establecer que toda investigación de este delito se realice con perspectiva de género; segundo, implementar un esquema de protección inmediata para las víctimas indirectas; y, tercero, aumentar las penas mínimas para feminicidas a 40 años, a diferencia de los 25 años que actualmente se establecen como el mínimo; y se mantendría el máximo en 60 años, con agravantes que pueden aumentar hasta en una tercera parte la pena.
