Morelia, Michoacán.- La diputada Eréndira Isauro Hernández y el diputado coordinador de la Representación Parlamentaria, Marco Polo Aguirre Chávez, presentaron ante la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán una iniciativa de Ley de Archivos del estado, con el objetivo de armonizarla con la Ley General de Archivos, vigente desde hace siete años.
La legisladora destacó que esta armonización es clave para garantizar la preservación de la memoria documental del estado y fortalecer la transparencia en la gestión pública. “Legislar en materia de archivos no es solo un tema administrativo; es garantizar que la ciudadanía tenga acceso a la información, que se respete el derecho a la verdad y que no se pierda nuestra historia”, señaló Isauro Hernández.
La Ley General de Archivos, vigente desde el 25 de julio de 2018, establece principios y bases para la organización, conservación, administración y preservación homogénea de los archivos de los entes públicos y de cualquier persona que reciba recursos públicos o ejerza actos de autoridad. Entre sus objetivos destacan garantizar el derecho a la verdad, el acceso a la información y la preservación del patrimonio documental de la Nación.
Isauro Hernández explicó que la iniciativa busca abrogar la Ley de Archivos Administrativos e Históricos del Estado de Michoacán y sus municipios, para dar paso a una nueva legislación estatal totalmente armonizada con la Ley General de Archivos. Esto permitirá dotar a los sujetos obligados de herramientas claras para la gestión documental, la rendición de cuentas y la protección de los derechos ciudadanos.
La diputada resaltó que, hasta junio de 2024, 24 entidades federativas han concluido la armonización de sus leyes estatales, pero Michoacán aún no cumple con este mandato. “Es urgente legislar para garantizar la memoria documental y fortalecer la transparencia en nuestro estado. Sin archivos no hay transparencia ni democracia; un pueblo que no recuerda su pasado está condenado a repetirlo”, enfatizó.
El diputado Marco Polo Aguirre Chávez respaldó la iniciativa, reiterando que el fortalecimiento de los archivos es un elemento esencial para la gobernabilidad, la rendición de cuentas y la certeza jurídica de los ciudadanos.
