Morelia, Michoacán.- Con reforma a la Ley para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental, el Pleno del Poder Legislativo determinó que el Estado, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente, los municipios y las instancias competentes, podrá promover acciones de conservación, restauración y educación ambiental sobre los ecosistemas hídricos, considerando su importancia ambiental, social, cultural y económica.
Lo anterior, luego de aprobar la adición del artículo 104 Bis de la citada ley con la finalidad de atender no sólo un problema ambiental, sino también garantizar la protección de un patrimonio natural y cultural que constituye la base del desarrollo sostenible de Michoacán y de las futuras generaciones.
Conforme al Dictamen puesto a consideración de las y los legisladores por parte de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente sobre la propuesta de Juan Carlos Barragán Vélez, con la reforma jurídica, se refuerza la conciencia colectiva sobre el valor estratégico del agua y se ofrece un marco jurídico que respalde esfuerzos comunitarios y gubernamentales sin imponer cargas financieras adicionales.
En las Consideraciones del mismo quedó establecido que en las últimas décadas se ha dado una degradación alarmante de los ecosistemas como resultado de prácticas insostenibles y del impacto creciente del cambio climático, lo que ha derivado en una crisis ambiental que amenaza la seguridad hídrica, alimentaria y climática en México.
“Uno de los ejemplos más emblemáticos de esta problemática es el Lago de Pátzcuaro, un cuerpo de agua con un valor histórico, cultural y ecológico incalculable, durante siglos ha sido un pilar para las comunidades purépechas, pero hoy enfrenta un deterioro progresivo causado por la deforestación, la contaminación, la sedimentación y las variaciones en el clima”, explicó el legislador.
También estableció que a nivel nacional, se estima que el 70% de los ríos y lagos presenta algún grado de contaminación y que más del 40% de los humedales se ha perdido en las últimas cinco décadas.
“Esta realidad agrava la competencia por el agua, disminuye la resiliencia de las comunidades frente a sequías e inundaciones y pone en riesgo la salud pública, la economía y la estabilidad social, especialmente en las regiones más vulnerables” sustentó.
Agregó que frente a ello, la conservación y restauración de los ecosistemas hídricos debe asumirse como una tarea prioritaria, mediante políticas integrales que incluyan reforestación, saneamiento, educación ambiental y participación ciudadana.
“La participación de la sociedad civil y las comunidades locales resulta decisiva. Ellas son las principales beneficiarias de los servicios ecosistémicos y, al mismo tiempo, actores estratégicos para su conservación. Promover una cultura ambiental sólida, campañas de sensibilización y programas de participación comunitaria constituye la vía más efectiva para garantizar la sostenibilidad de las acciones”, explicó.
