La iniciativa busca reforzar la protección de las víctimas y su dignidad, sancionando la filtración indebida de información en procesos judiciales.
Con el propósito de proteger la dignidad de las víctimas de violencia, la diputada Adriana Campos Huirache presentó una reforma al Código Penal del Estado de Michoacán, en la que propone endurecer las sanciones a servidores públicos que difundan imágenes, videos o información confidencial sobre mujeres y menores víctimas de delitos.
📌 Penas más severas: La sanción actual se incrementará en una tercera parte cuando la difusión tenga como finalidad menoscabar la dignidad de la víctima o su familia o revelar detalles sobre su muerte, lesiones o estado de salud.
📌 Prohibición explícita para servidores públicos: Se establece que ningún funcionario podrá divulgar documentos, imágenes, videos, audios o cualquier material que forme parte de una carpeta de investigación o proceso penal, ya que estos deben permanecer bajo reserva legal y custodia.
📌 Armonización con normativas nacionales: La iniciativa sigue el modelo de la reforma aprobada en la Ciudad de México y complementa la modificación al artículo 225 del Código Penal Federal, aprobada en 2022 por la Cámara de Diputados y actualmente en espera de votación en el Senado.
Un Problema de Alcance Nacional
La diputada del Grupo Parlamentario del PRI recordó que esta propuesta es parte de los esfuerzos para evitar la revictimización de mujeres y menores.
🔴 El caso de Ingrid Escamilla en 2020 marcó un precedente nacional, cuando imágenes de su feminicidio fueron filtradas y divulgadas en medios y redes sociales, exponiendo la urgencia de reforzar las leyes para proteger la memoria y la dignidad de las víctimas.
«Si bien en Michoacán ya se han aprobado reformas en este sentido, aún hay vacíos legales que permiten la filtración de información. Necesitamos cerrar estos espacios de impunidad y garantizar que las víctimas sean tratadas con respeto y dignidad», subrayó Campos Huirache.
La legisladora michoacana enfatizó que su iniciativa no solo sanciona la divulgación indebida de imágenes, sino que refuerza la protección de pruebas y elementos bajo cadena de custodia, asegurando que la información no sea utilizada de forma indebida ni revictimice a quienes han sufrido violencia.
El Congreso del Estado analizará la propuesta en comisiones antes de su posible aprobación.
