Con el objetivo de combatir la desigualdad estructural que enfrentan muchas mujeres dentro del ámbito familiar, la diputada local Brissa Arroyo Martínez presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para tipificar como delito la violencia patrimonial, dirigida a quienes, en perjuicio de la sociedad conyugal o del patrimonio común, oculten, transfieran o adquieran bienes a nombre de terceros sin el consentimiento de su pareja.
La legisladora, Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, subrayó desde tribuna que este tipo de conductas no solo afectan económicamente a una de las partes, sino que rompen la confianza en las relaciones, vulneran derechos fundamentales y perpetúan la desigualdad de género.
“La violencia patrimonial, en cualquiera de sus formas, es inaceptable. Tiene un impacto no solo en la pareja, sino también en los hijos y en la sociedad en su conjunto”, señaló Brissa Arroyo, al destacar que muchas mujeres dependen económicamente de su cónyuge y son privadas del derecho a decidir sobre el uso de los recursos del hogar.
La iniciativa propone adicionar una nueva fracción XXII al artículo 218 del Código Penal del Estado, que sancione a quien, sin autorización expresa del cónyuge o concubina/o, realice maniobras para ocultar bienes o transferirlos a terceros, en perjuicio de la sociedad conyugal o del patrimonio común.
La propuesta fue respaldada por las diputadas Ana Belinda Hurtado Marín, Adriana Campos Huirache, Grecia Jennifer Aguilar Mercado, Diana Mariel Espinoza Mercado, Sandra Arreola Ruiz, Ana Vanhessa Caratachea Sánchez e Itzé Camacho Zapiain, quienes coincidieron en la urgencia de garantizar relaciones más justas y equitativas en el plano familiar y patrimonial.
